Dispone el artículo 104 de la Constitución Española que “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.”
Bajo un artículo de apenas tres líneas se esconde un servicio público esencial destinado a nada más y nada menos que mantener la cohesión social, la convivencia democrática y el desarrollo de una sociedad bajo dos parámetros fundamentales como son la libertad y la seguridad, binomio irrenunciable e indicador del grado de salud y desarrollo de una sociedad democrática.
España goza de un indiscutible reconocimiento internacional respecto al nivel de profesionalización, eficacia y funcionamiento de sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin embargo, este merecido prestigio está en riesgo por la proximidad del fin del desarrollo y la obsolescencia de su modelo policial. El actual modelo policial; modelo instaurado por la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, una Ley que ha superado los 32 años de existencia sin un análisis pormenorizado y ante la desidia de los diferentes y sucesivos parlamentos nacionales para abordar su actualización, analizar sus deficiencias o proponer mejoras, se ha visto superado por una realidad social que en nada tiene que ver con la sociedad que motivó su diseño e instauración.
La actual L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, configura el modelo policial sobre tres ejes fundamentales como son la Administración General del Estado, Gobierno de la Nación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Las Administraciones Autonómicas que disponen de Cuerpo de Policía propio, como son la Comunidad Autónoma Catalana, con sus Mossos d`Esquadra, la Comunidad Autónoma Vasca a través de su Ertzaintza y la Comunidad Navarra, la cual cuenta con su propia Policía Foral Navarra. Además de lo anterior, esta Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que no Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como erróneamente suele invocarse en los diferentes medios de comunicación, hay un tercer eje que en la mayoría de las ocasiones parece pasar desapercibido, a pesar de ser el colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con mayor número de efectivos a nivel nacional, como son los Cuerpos Policiales dependientes de las respectivas Administraciones Locales, los Cuerpos de Policía Local.
Estos últimos, los Cuerpos de Policía Local, con una labor cotidiana, silente y continuada, se han despegado de las funciones que, en un principio, les asignaba la propia Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poco más allá de labores relativas al tráfico urbano y las Ordenanzas Municipales, pasando a convertirse en verdaderos vectores de la seguridad ciudadana. Cuerpos dotados de funcionarios altamente especializados que además de desarrollar todas aquellas funciones asignadas por las diferentes legislaciones autonómicas, administraciones competentes respecto a la legislación de la coordinación de los Cuerpos locales en el ámbito de su territorio autonómico respectivo, han ido asumiendo tanto de manera cualitativa como cuantitativa diferentes funciones en el ámbito de la seguridad ciudadana, convirtiéndose en la mayoría de los casos, en el Cuerpo Policial referente en el ámbito de su municipio. Pese a ello, su dispersión y limitación al ámbito del término municipal, su dependencia directa de las Autoridades Municipales, la insoportable diferencia de evolución y contenido de las diferentes legislaciones autonómicas que los regulan, así como, en muchos casos sus reducidas plantillas y la falta de atención prestada a sus funciones en una Ley Orgánica que configura un modelo policial superado y apolillado, les hacen soportar una losa de desconocimiento y falta de valoración del rol fundamental que desempeñan en el mantenimiento del equilibrio necesario en el irrenunciable binomio de libertad y seguridad que se configuran como pilares fundamentales del mantenimiento y desarrollo de una sociedad democrática e inspirada en la absoluta protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Se requiere de un gobierno de la nación amparado por un parlamento nacional valientes, dispuestos a analizar bajo el prisma del siglo XXI el modelo policial español, sus fortalezas y debilidades, la distribución competencial, el despliegue territorial, las funciones de policía judicial, la transferencia de inteligencia policial y el contenido y la forma de compartir las bases de datos. Las amenazas actuales, destacando sobre todas ellas el terrorismo islámico, no permiten la menor negligencia ni debilidad respecto a la integración y renovación de un modelo policial que a pesar de seguir funcionando, requiere de un amparo de renovación legislativa, de desarrollo, de reasignación de roles y de futuro.
