La división de poderes fue una victoria de la sociedad moderna frente al poder omnímodo de los reyes absolutistas que decidían arbitrariamente sobre la vida y hacienda de todos sus súbditos.

John Locke ya escribió en 1690 sobre al división en tres poderes: legislativo, ejecutivo y federativo, dando preponderancia al primero sobre los otros. Fue Montesquieu en 1748 quien definió la división teórica de poderes que empleamos: ejecutivo, legislativo y judicial, en la que se daba igualdad a los tres para garantizar su independencia y que pudieran contrarrestar las veleidades corruptibles de alguna de ellas.

El propio Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo». Un axioma que se ha demostrado desgraciadamente cierto a lo largo de la historia de la Humanidad. En la actualidad, los casos de corrupción política y judicial se han multiplicado y no se conocen la mayoría de ellos, ya que entre los tres poderes lo ocultan.

Cuanto más tiempo permanece una persona en un cargo de poder, más probable es su deformación hacia el abuso. ¿Es, por tanto, deseable que los jueces sean nombrados de por vida o que un político ejerza cargos durante 30 años? Parece claro que no. Ya los griegos, grandes conocedores de la democracia y sus defectos, elegían a los jueces por sorteo anual entre todos los ciudadanos para su Heliea. Ellos conocían perfectamente que la Justicia no es la interpretación de una norma (que se puede hacer de un modo muy interesado) sino, muy importante, el intento de que cualquier conflicto se solucione con el menor daño para ambas partes.

Si, además, añadimos que muchas personas entran en la carrera judicial no por vocación, sino por su alto estatus social y económico y por la impunidad que, en la práctica, conlleva cualquiera de sus actuaciones, podemos entender por qué su conformación incumple hasta las propias normas en muchos casos. Enchufismo endémico (presunto) como en el caso de la hija del juez Marchena, el pago de cursos a jueces que rodeaban el caso Ausbanc o el uso político de mentiras fabricadas para hundir a jueces que no entran en la red, digamos, ilegal, como en el caso de la jueza Rosell, son algunos casos. Casi ningún juez ha sido sancionado.

Algo fuera de toda duda es que el paso del tiempo diluye la separación de poderes hasta límites inasumibles en una democracia. ¿Estamos en una dictadura “de hecho”? La justicia no la puede impartir una persona sin algún tipo de control y la división de poderes no lo ha conseguido. Un oligopolio político-empresarial-judicial domina, egoístamente, todas las decisiones económicas del país, lo que afecta muy negativamente a la sociedad y a sus gentes. Y han transmitido, con éxito, su visión egoísta e individualista de la sociedad, para beneficio propio.

¿Cada cuánto tiempo deberíamos cambiar leyes y representantes para evitar su uso privativo y no social, como es su cometido? ¿8 años máximo? ¿Política y judicatura deberían ser un hecho patriótico y no remunerado? ¿Por qué no existen unidades de denuncia anónima de abusos? La valentía de los denunciantes la han pagado muy cara. La sociedad debe participar activamente en el control de los poderes para garantizar su independencia y transparencia. Las cosas están tan deterioradas que es imprescindible acometer estos debates con urgencia.

Así, el Ello (pulsión primaria de todo ser vivo) se ha impuesto al Yo (capacidad racional) y al Superyó (bagaje ético y moral) según la teoría freudiana. Todos buscamos encontrar la “felicidad” en el desarrollo, abusivo normalmente, de las actividades “carnales” del Ello. Más coches, más casas, más ropa, más comida… El Yo manipulado por una incesante publicidad explícita y, sobre todo, subliminal de los medios de comunicación, a la que no escapan las redes sociales, nos han llevado a un Superyó que no busca contrarrestar los abusos peticionales del Ello, sino que se ha convertido en la autoafirmación personal de que yo soy la persona más importante del mundo y que todo lo que haga en favor de mi Ello está justificado, por mucho daño (colateral dicen ahora) que produzca a mi alrededor.

Imaginemos a qué niveles de peligrosidad social pueden llevarnos estas actitudes si se dan en los lideres mundiales (y ya se está dando, sólo hay que ver los programas de televisión, realitys les llaman en un intento de aumentar su prestigio) en cuyas redes ha caído la misma política mundial.

Ese daño, individualmente, es mucho mayor en la judicatura, compuesta de múltiples Superyó de egos e impunidad absolutistas, que dictan sin supervisión real, muchas veces por intereses personales o por el simple hecho de demostrar su poder. ¿Debe haber testigos con poder decisorio en cada juicio? El servicio a la Sociedad es antitético del interés personal. Una democracia sin división real de poderes está herida de muerte.

 

Carlos

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